Detrás de los disturbios en Pacific Rubiales se esconde una lucha de poder entre los sindicatos más importantes del país. Esta es la historia.
Campo Rubiales es actualmente el más grande pozo productor de petróleo de Colombia. En los últimos meses se ha convertido en el escenario de monumentales asonadas por cuenta de las protestas de los trabajadores de Pacific Rubiales, empresa que opera el proyecto.
Además de las legítimas aspiraciones de los empleados, detrás de todos estos hechos están las dos más grandes centrales obreras del país que se pelean palmo a palmo la afiliación de cada uno de los obreros, maquinistas o ingenieros que trabajan en esta firma, una de las 20 más grandes de Colombia. Incluso, algunos señalan que esa pugna podría convertirse en caldo de cultivo de las revueltas en esta zona, que tiene enormes tensiones sociales y económicas.
Por un lado está la Confederación General del Trabajo (CGT), de la cual hace parte la Unión de Trabajadores de la Industria Energética y de Servicios Públicos Domiciliarios (Uten); un sindicato cuya vocación inicial era agrupar a los trabajadores de las empresas de energía eléctrica, pero que ante el boom petrolero del país decidió reforzar sus operaciones en Puerto Gaitán y otras poblaciones mineras para conquistar un mayor número de afiliados. “Hay una competencia, pero es democrática y sana”, afirma Julio Roberto Gómez, máximo dirigente de la CGT y quien explica que en los últimos meses la Uten pasó de tener 700 a 1.500 afiliados de un total de 2.200 trabajadores de planta de Pacific Rubiales.
Gómez justifica esta ‘cruzada’ sindical asegurando que el mundo cambió y que, así como los partidos políticos luchan por seducir más seguidores, los sindicatos están haciendo lo mismo para aumentar su representatividad. “En el mundo petrolero hay muchos intereses, desde los económicos que lideran las multinacionales, hasta políticos, como lo vimos en las pasadas elecciones. En el caso sindical, están en juego espacios de poder político y de representación”, señala. Pero no solo es una lucha de poder.
De otro lado están en juego muchos recursos pues, de acuerdo con la legislación actual, todos los trabajadores de una compañía, agremiados o no, están obligados a realizar aportes económicos a los sindicatos. El monto de dichos aportes depende de los ingresos de cada persona; se trata de todo un botín, pues en el mundo petrolero el salario mínimo está por encima del millón de pesos y en toda la industria hay más de 50.000 trabajadores sin afiliación sindical. En el otro lado de la contienda está la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) donde tiene asiento la tradicional Unión Sindical Obrera (USO), cuyos afiliados pasaron de 7.000 a no más de 2.100 en los últimos años. Esto se explica porque muchos empleados de Ecopetrol, fortín de esta agremiación, han pasado a otras compañías petroleras donde no hay organización sindical. La pelea por la mano de obra en el sector petrolero está que arde y eso ha jugado en contra de la USO.
Rodolfo Vecino, presidente de ese sindicato, acusa a la CGT de robarse el protagonismo en las negociaciones de Puerto Gaitán y de aliarse con Pacific Rubiales para quitarles abonados. “El método que empleó la Uten fue inapropiado. El 21 de septiembre de este año teníamos un acuerdo listo entre Pacific, la USO y los Ministerios de Protección Social y del Interior, pero a última hora se metió la Uten con el apoyo del Ministerio de Minas para quedarse con todo el crédito”, dijo Vecino.
En medio de esta confrontación, y mientras los pozos de Pacific Rubiales estaban fuera de operación, ocasionando graves pérdidas económicas al país, el presidente de la petrolera, Juan Francisco Arata, atacó a un sector de la USO: “hay una minoría de ese sindicato que está aprovechando la situación que se presenta en los campos petroleros para ejercer presión política ante su evidente debilitamiento”.
Aunque las dos centrales obreras niegan que estén instigando al desorden y a la violencia en los campos petroleros, algunos dirigentes gremiales creen que la lucha frontal por los afiliados podría estar alimentando la crisis en la región. Hernando Barrero, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), considera que la lucha intensa que libran la Uten y la USO afecta a la clase trabajadora pues “genera incertidumbre con trabajadores que no saben a dónde ir y desconocen bajo qué condiciones los sindicatos están negociando con las firmas petroleras”.
Aunque las centrales obreras necesitan aumentar su representatividad no pueden caer en la tentación del ‘neoliberalismo sindical’; es decir, acudir a la estrategia del “todo vale” para conseguir más afiliados. Los desmanes y las asonadas son una mala estrategia. Y las autoridades deben identificar a los responsables de organizarlas. No es posible negociar bajo amenaza un pliego de peticiones. Lo primero a lo que le tienen que apostar las centrales obreras es a lograr un acuerdo entre ellas mismas y comprometer a todos sus trabajadores a no utilizar la fuerza para exigir sus reivindicaciones.
Es muy peligroso que los intereses de los sindicatos se pongan por encima de los de los trabajadores. Es una mala estrategia que puede quitarles legitimidad a muchas de las pretensiones de los empleados petroleros. Además, es una evidente amenaza para la locomotora petrolera, la que mayores divisas le deja al país. Colombia no puede darse el lujo de parar su principal pozo petrolero por las acciones de un grupo de trabajadores. Mantener operando la producción también es una justa petición.
Revista Dinero.
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