Esta semana abrió con unas declaraciones del alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, que si bien estaban anunciadas en su plan de gobierno, causaron una polémica muy grande: el proyecto para fusionar las empresas que brindan servicios públicos a la capital del país —la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), el Acueducto y la empresa de Energía de Bogotá (EEB)—, lo que conduciría, a dicho de Petro, a una réplica del modelo que existe en Medellín con las Empresas de Servicios Públicos (EPM).
Varios problemas tiene esta propuesta. El primero es sobre la posible influencia de sus declaraciones en el mercado accionario: después de ellas, la acción de EEB, por ejemplo, bajo en un 16,66%. Más allá de poder afirmar categóricamente que lo que causó este detrimento fueron los comunicados (algunos analistas han manifestado que el contexto internacional trae una alta volatilidad a los mercados), es cierto que, en todo caso, estas empresas tienen un casco protector ante las eventualidades del ciclo político, redactado en forma de normas que hacen parte del Gobierno Corporativo del que gozan. Y éste debe respetarse. Dicho en cristiano: los grandes cambios tienen que consultarse, también, con los accionistas minoritarios.
Pero dejando a un lado el tema bursátil, nos resulta mucho más acertado referirnos a la conveniencia de la propuesta en sí misma. Y en este escenario tampoco corre con mucha suerte. Varios expertos consultados por este diario coincidieron en que Petro demuestra un gran desconocimiento al adelantar estas declaraciones. Primero, porque el modelo de Medellín (uno que se adelantó con empresas con el 100% de capital público) ha cambiado. Se dieron cuenta, por ejemplo, de que las empresas de telecomunicaciones, sujetas a muchos actores en competencia, tienen una tendencia global casi inobjetable: que es separarse de las demás. En Medellín (una ciudad en donde el agua no sólo sirve para suplir necesidades, sino también para generar energía, lo que relaciona las empresas correspondientes y hace más fácil su fusión) ya las operadoras de telecomunicaciones se escindieron del gran conglomerado, formando otras nuevas. En Cali y en Barranquilla este modelo se intentó y fue un rotundo fracaso. Petro está añorando un modelo antiguo que demuestra no ser el más conveniente y olvidando el exitoso que se vive en el presente de la ciudad antioqueña.
Y en segundo lugar, vienen los problemas de gestión: ¿Cómo hará Petro para fusionar empresas con naturaleza jurídica distinta? Unas de capital 100% público, con otras que tienen inversión de accionistas privados. ¿En qué momento les consultará? Otra pregunta que surge es: ¿Qué medidas adelantará para reducir costos con el tema de la gerencia del gran conglomerado? ¿Un solo gerente o varios? O también, en el tema laboral, se sabe que cada empresa tiene un régimen distinto, uno más costoso que los otros dos. Y así.
Estas son las preguntas de nivel técnico que el alcalde electo deberá responder. Asimismo, nos ha parecido que su gestión no debería adelantarse al tiempo. Para gobernar dispondrá de un equipo, de más argumentos, de la fuerza legítima de la gobernanza. Por ahora ha hecho algunos adelantos discutibles a través de su cuenta en Twitter y esta, repetimos, no es la mejor manera de proceder. Hay que hacerlo en escenarios de discusión mucho más amplios, con equipos de expertos, con un Concejo del Distrito que pueda cuestionar las decisiones. Es decir, con todas las de la ley.
Lo más recomendable es que Petro no se adelante. Si bien es cierto que el bombo mediático ha estado del lado del mercado bursátil, sería muy bueno que reconsiderara su propuesta y diera un vistazo a lo que los expertos en el tema han manifestado. No es esta, y que se sepa, una riña ideológica: no se trata de contradecir al alcalde electo por sus posiciones políticas, que respetamos. Sino por las técnicas, que pueden elevarse para discusiones mucho más nutridas.
El Espectador.
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